El Fondo Monetario Internacional, durante el pasado mes de Abril, al presentar sus “Perspectivas de la economía mundial” señaló que el crecimiento económico del mundo en el año 2004 fue del 5,1% (uno de los porcentajes más elevados de las últimas décadas) y que para el 2005 las proyecciones arrojan un crecimiento estimado del 4.3% que resulta también significativo.

Sin embargo, en el informe igualmente se advierte que la desaceleración podría ser mayor a consecuencia de algunos factores entre los que se destacan “los precios altos y volátiles del petróleo”. Se afirma que “la persistente vitalidad de la demanda mundial, los problemas de la oferta y la limitada capacidad excedentaria probablemente mantendrán elevados y volátiles los precios del petróleo” y que ello afectará negativamente la posibilidad de sostener una tasa de crecimiento como la de 2005.

En la publicación World Energy Outlook 2004, que publica la International Energy Agency (IEA), se plantea un escenario muy desalentador sobre la probable evolución del sistema energético mundial en los próximos 30 años. Si se mantienen las tendencias observadas hasta el presente, las necesidades energéticas aumentarán casi un 60% para 2030.

Paul Krugman, en el New York Times, ha sostenido que el petróleo aumenta de precio no sólo por la guerra de Irak sino también por la limitada oferta mundial. El conocido economista afirma que el aumento de demanda de países como China se enfrenta a una oferta que no crece al mismo ritmo y que ello es parte de la explicación de los aumentos; pero ademas afirma que desde 1976 no se descubren nuevos campos petrolíferos importantes y que los expertos sospechan que “no hay mucho más por descubrir”.

Consecuentemente con estas observaciones, puede afirmarse entonces que la economía mundial seguirá siendo fuertemente dependiente de lo que ocurra con el mercado del petróleo, y que asistiremos a una creciente exacerbación de los conflictos por controlar el recurso. Ello ocurrirá precisamente porque el petróleo es la fuente de energía primaria más importante al representar casi el 35 % de la producción energética mundial. Si se le agrega el gas natural, cuya producción está íntimamente ligada al petróleo, se llega a porcentajes superiores al 55%. El gráfico A muestra la participación de cada combustible en la generación mundial de energía y esa situación no parece que vaya a modificarse en el futuro. Las posibilidades de sustitución por fuentes de energía basadas en recursos renovables y ambientalmente mas adecuadas chocan, no sólo contra las limitaciones tecnológicas y económicas que finalmente serán superables, sino también contra los intereses económicos que se verían afectados por una sustitución importante.

Gráfico A
Producción Mundial de Energía según Combustible  

Fuente: International Energy Agency

Esta importancia estratégica del petróleo ha significado que la magnitud de los intereses en juego se expresen bajo todas las formas, desde la diplomacia hasta la guerra. ¿Quién puede negar que la falsa acusación de Bush y de Blair sobre la existencia de armas de destrucción masiva de Irak no tenía olor a petróleo? ¿O que el Gobierno de los Estados Unidos no tendría la preocupación que tiene por Chávez, si Venezuela no tuviera los inmensos recursos petroleros que posee?

Que la inestabilidad de Medio Oriente tiene que ver con los recursos de hidrocarburos es también una cuestión indiscutible y una mirada a la distribución mundial de reservas de petróleo que se presenta en el Gráfico B es muy ilustrativa al respecto. Más allá de las cuestiones religiosas, raciales, políticas o de cualquier otra índole, lo que se dibuja detrás del desolador escenario de conflictos, guerras y muerte es una lucha cruel y despiadada por el control del recurso petrolero.

Gráfico B
Distribución Mundial de Reservas de Petróleo

Fuente: International Energy Agency

Por consiguiente es casi una obviedad decir que la preocupación por disponer de recursos energéticos forma parte de la agenda indispensable de cualquier gobierno medianamente racional. En particular desde la crisis del petróleo de los años setenta del siglo pasado, quedó claro que no se puede pensar siquiera en el crecimiento económico sostenido de ningún país, si no se tiene una clara estrategia en materia de recursos energéticos.

ARGENTINA, PETROLEO, GAS Y CRISIS ENERGÉTICA

Argentina se ha caracterizado, en su historia reciente, porque la desidia, la irresponsabilidad y las conductas condenables han incidido crucialmente en el diseño de sus políticas públicas. Este rasgo se profundiza aún más cuando se observa el área referida a hidrocarburos y energía.

Durante muchos años la fuerte presencia estatal en materia de hidrocarburos y de energía fue el rasgo distintivo de la política, Decisiones equivocadas, y a veces deliberadamente equivocadas, mostraban una creciente incapacidad de potenciar y hacer eficiente al sector. Esa realidad de empresas públicas sobredimensionadas en personal, con bajo nivel de inversiones e incorrecta asignación de sus recursos y la crisis de las finanzas del Estado y de la economía en general, sumadas a un marco ideológico alentado internacionalmente (el denominado Consenso de Washington) crearon el ambiente propicio para la experiencia de privatizaciones y desregulaciones de la década del noventa.

Con el visto bueno (y la presión) de organismos internacionales y con el apoyo de la mayoría de la sociedad argentina que en materia de empresas públicas no hacía diferencias cuando demandaba “que las regalen para que no sigamos perdiendo”, Argentina otorgó a empresas privadas la "concesión temporal de explotación" por 25 años de los yacimientos de hidrocarburos con todas las reservas comprobadas. En ese periodo también privatizó y desreguló fuertemente todo el sector de energía eléctrica.

En un mundo en que las disputas por las fuentes de energía explican muchos de los conflictos bélicos, donde los países consideran a la energía un factor esencial que hace a su desarrollo, el error principal del Argentina no fue sólo privatizar de una forma escandalosa donde las sospechas de ilícitos son la nota destacada, sino que lo hizo apartando al Estado de sus responsabilidades más elementales. El Estado de los noventa abandonó sus obligaciones inexcusables de control al sector privado, desmanteló las estructuras jurídicas y de recursos humanos para el ejercicio de sus facultades y se negó a asumir el rol de planificador de una política energética.

La situación actual es claramente preocupante tanto en materia de petróleo como de gas. En el primer caso, existe un marcado deterioro de todas las variables; a pesar de la rentabilidad de las empresas, la producción de crudo del año pasado fue la más baja desde 1995.

En el caso del gas natural los aumentos de producción se han hecho sobre la base de afectar el balance de reservas, es decir la producción crece a costa de una caída de las reservas cuyo horizonte temporal se ha reducido a aproximadamente quince años.

La actitud ausente del Estado en el diseño de una política en materia de hidrocarburos se mantiene aún y ha llevado a un vacío en materia de planificación energética que coloca a la Argentina en una situación sumamente delicada a la hora de pensar en la posibilidad de sostener los niveles de crecimiento de los dos últimos años. Esto es así porque en nuestro país más del 83% de la energía primaria depende del petróleo y del gas.

El 16 de Febrero de 1999 cuando un “black-out” dejó sin energía inicialmente a mas de doscientos mil servicios (casi ochocientos mil personas) y colapsó el sistema eléctrico de Buenos Aires, se tomó conciencia que la restricción energética era una realidad y que las estrategias de los noventa de privatizar todo sin control parecían no garantizar los resultados de eficiencia prometidos.

En otros países del mundo también hubo apagones que llamaron la atención de sus gobiernos. Entre esos incidentes, la crisis eléctrica de California (Estados Unidos) en el 2000/2001 generó muchas dudas sobre las supuestas ventajas del proceso que se había llevado a cabo para desregular el mercado eléctrico. Del análisis de estos inconvenientes surgieron lecciones sobre la necesidad de formular planes para esas contingencias y de planificar más adecuadamente el futuro energético.

Pero en Argentina ya han pasado seis años desde aquella advertencia que oscureció la Capital Federal y es poco lo que se ha hecho. La falta de nuevos yacimientos y de infraestructura de transporte (gasoductos) para el gas natural, unida a la ausencia de inversiones en proyectos de generación eléctrica, han determinado una crisis cuya magnitud fue inicialmente ignorada (¡y despues increíblemente ocultada!) por el actual gobierno. No es con discursos que se pueden diseñar las soluciones.

Los incumplimientos de contratos de exportación de gas a Chile (un verdadero “default de gas”), las restricciones al consumo de las industrias, los sistemas de “castigos y…castigos” para el consumo de energía, las centrales termoeléctricas que utilizaron combustibles líquidos por falta de gas, etc., son algunos matices de la total ausencia de una política integral en materia de energía.

Comprender los errores de los noventa, o entender los efectos negativos de la traumática salida de la convertibilidad pueden ayudar a pensar en el problema, pero no son su solución. No puede razonar el Presidente como si el proceso de privatización y desregulación no hubiera existido. El síndrome de negación no ayuda.

Mientras el Gobierno sostiene que el sector privado es el culpable de la crisis, las empresas por lo bajo alegan que el congelamiento de tarifas hace inviable su negocio. El Presidente sigue adhiriendo a la tesis auto-tranquilizadora de la falta de inversión de las empresas, mientras el Ministro De Vido con una dosis de irresponsabilidad probablemente sólo explicable por la ignorancia minimiza la magnitud del problema. Ninguna de esas actitudes aumenta la oferta de energía.

Es imprescindible que se diseñe una estrategia integral de hidrocarburos y energía que no podrá excluir, en el corto plazo y formando parte de un plan de emergencia, un rápido y transparente proceso de renegociación de los contratos de concesión de los servicios públicos. Tampoco puede demorarse la sanción de una ley nacional de hidrocarburos que establezca con precisión los derechos y obligaciones de las empresas que participan del negocio petrolero y que recupere el rol del Estado en la regulación y control del mismo.

La creación de una empresa estatal nacional (ENARSA), con funciones no muy claramente definidas, y los acuerdos con otros países latinoamericanos son solamente impulsos con réditos mediáticos de corto plazo, pero no hace falta ser muy perspicaz para advertir que Argentina se enfrentará en un futuro muy próximo a fuertes limitaciones en la disponibilidad energética con las inevitables consecuencias sobre el conjunto de la economía y la sociedad.

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