La consecución del equilibrio en ese mercado "ideal" de competencia perfecta requiere la racionalidad de los agentes económicos: los individuos adoptan las decisiones que les permiten conseguir o satisfacer sus objetivos, gustos o preferencias. Esta idea, aparentemente tan sencilla y aceptable, ha sido objeto de grandes controversias por las diferentes formas en que puede ser interpretada y porque es la base de un método de análisis útil en muchos otros campos de conocimiento además del de la Economía.
El economista puede elaborar una fórmula teórica, la función de utilidad, que describe las posibilidades del individuo de obtener satisfacción; mediante procesos matemáticos puede estimar qué y en qué cantidad debe ser adquirido por el consumidor para maximizar su utilidad. Dada la estructura de costes y precios se puede deducir también las decisiones de producción que maximizarán los beneficios. Pero resulta evidente que ni los consumidores ni la mayoría de los empresarios realizan tan complejos cálculos. ¿Significa esto que no son racionales?
El concepto de 'racionalidad' puede ser entendido de dos formas: una decisión puede entenderse racional ex-ante si se ha tomado tras unos procesos mentales de previsión, cálculo de probabilidades y estimación de rendimientos futuros; pero si el juicio sobre el acierto en la elección se toma una vez que se han obtenido los resultados mediante la comparación de éstos con los intereses u objetivos del sujeto, el criterio es de racionalidad ex-post. Este es el sentido más utilizado en Economía. Aunque en ocasiones se han estudiado los procesos mediante los que los agentes económicos adoptan sus decisiones, la teoría económica lo que hace es utilizar su instrumental matemático para predecir cuál va a ser el comportamiento de los consumidores y empresarios en una sociedad y posteriormente comprueba si sus predicciones se han cumplido.
¡Y acierta! Aunque las amas de casa no llevan calculadoras cuando van al mercado, el efecto que tiene la subida de una peseta en el precio de las patatas sobre la cantidad total de patatas vendidas es exactamente el que predicen los economistas. Pero, es más, también los animales parecen ser racionales en ese sentido. Se han realizado estudios de campo y de laboratorio sobre las técnicas de forrajeo de un gran número de especies y todas resultan ajustarse a las fórmulas maximizadoras de los economistas. También se han realizado estudios sobre el comportamiento de los políticos tratando de maximizar el número de votos que obtendrán en las elecciones, sobre comportamientos de psicópatas, de militares adoptando decisiones en batallas, de cónyuges discutiendo sobre dónde pasarán sus vacaciones... y en todos los casos, los analizados han resultado haber adoptado las mismas decisiones que el concepto de racionalidad económica y el análisis económico predicen.
Al quedar demostrada la potencia del análisis económico, un gran número de científicos de muy diversas ramas han adoptado estos instrumentos para aplicarlos en sus respectivos campos de estudio. Es el fenómeno que se ha llamado el imperialismo económico. La Biología, la Psicología, la Sociología, la Antropología, la Ciencia Política, la Historia. Una técnica muy especializada, la Teoría de Juegos, se estudia en las academias de Estado Mayor de todos los ejércitos. Incluso la Filosofía del Conocimiento se ha visto enriquecida con interesantes aportaciones de economistas.
El campo del Derecho es el que se encuentra más próximo a la Economía. La Ley está ordenando relaciones entre individuos de carácter económico por lo que, desde la fundamentación jurídica del derecho de propiedad hasta la anual Ley de Presupuestos del Estado, ejerce un efecto medible sobre precios, costes, el funcionamiento de los mercados y el comportamiento de los agentes económicos. Pero el Análisis Económico del Derecho va mucho más allá de la evaluación de esa influencia. El análisis de los delincuentes como individuos que tratan de maximizar los beneficios y minimizar los costes de su industria permite una ponderación del ajuste jurídico entre los delitos y las penas. El criterio de eficiencia económica puede ser una excelente guía tanto para el establecimiento de sistemas de responsabilidad civil como para la reforma del proceso judicial.