Economía constitucional


La teoría económica neoclásica consideraba que los consumidores trataban de obtener la máxima utilidad o satisfacción posible y los empresarios trataban de obtener los máximos beneficios posibles pero solían observar a los políticos como individuos que buscaban el bien común. Esta inconsistencia fue abordada por una corriente de pensamiento que recibió el nombre de teoría de la elección social o public choice.

Los teóricos de la elección social aplicaron el individualismo metodológico también a los individuos que adoptan decisiones políticas. Las decisiones adoptadas por un comité son el resultado de negociaciones e intercambios entre sus componentes individuales que tratan de maximizar su propia utilidad. 

Uno de los más destacados miembros de esta corriente de pensamiento ha sido James Buchanan, premiado con el Nobel en 1986. Pero Buchanan ha querido dar un paso más allá en el razonamiento lógico y analizar no sólo la forma de tomar decisiones en el marco de unas reglas establecidas, sino analizar las propias reglas, la forma en que esas reglas son adoptadas y la posibilidad de medición de su eficacia. Buchanan bautizó este programa de investigación como Economía Política Constitucional. En sus propias palabras, se trata de comprender "cómo deben ser diseñadas las constituciones de forma que los políticos que procuren los intereses públicos puedan sobrevivir".

Las constituciones políticas de los países son objeto del análisis de la economía constitucional, pero no son el único objeto. En el marco de esta corriente teórica se entiende por constitución cualquier regla que, una vez establecida, es inamovible. Es posible que los individuos, voluntariamente, decidamos establecer una norma inamovible que limite nuestra libertad de actuación en el futuro. Los individuos podemos ser conscientes de que la libertad de elegir de los demás es perjudicial para nosotros y por tanto estar de acuerdo en que se limite la libertad de todos. 

Podemos entender este razonamiento analizando el clásico Dilema del Prisionero de la Teoría de Juegos:

Las situaciones que pueden ser descritas como un Dilema del Prisionero son aquellas en las que cada individuo desea que los demás cooperen y ser él el único en defraudar. Pero si todos son libres de elegir, elegirán la estrategia defraudar y el resultado será malo para todos; será peor que si todos hubieran elegido cooperar.

La solución constitucional al Dilema del Prisionero consiste en limitar la libertad de elegir de todos los miembros del grupo. Si la constitución prohíbe o castiga manifestar un comportamiento diferente al de los demás, la elección estratégica queda restringida y todos los miembros pueden estar de acuerdo en que se limite su propia libertad para obtener un resultado mejor.

Obsérvese la implicación que tiene este razonamiento para el análisis de las instituciones sociales en general y en su sentido más amplio: En cualquier grupo social tienden a aparecer instituciones que presionan para que todos los individuos actúen de la misma forma e imponen un castigo sobre los disidentes.

La corriente de la Economía Constitucional enlaza en muchos sentidos con la vieja filosofía moral y política de Hobbes. Reclama también como precursor a Vicksell ya que el economista sueco había señalado ya en 1896 que en vez de intentar influir sobre el comportamiento de los actores, los intentos de reforma social deberían dirigirse hacia cambios en las reglas y métodos de adoptar decisiones y había propuesto "el consentimiento del gobernado", lo que ahora se llama el test del consenso, como medio de juzgar la posible eficacia de un cambio en las reglas.

El plan de Ulises tiene dos fases: 1ª visitar las sirenas y 2ª continuar su viaje. Pero descubre una inconsistencia temporal en su plan ya que prevé que al finalizar la fase 1ª cambiarán sus preferencias y decidirá dirigir su barco hacia los acantilados de la isla de las sirenas. Resuelve la inconsistencia limitando voluntariamente su libertad de elegir y de modificar el plan inicial.
Ulises debe ser aquí considerado un símbolo no del individuo sino del grupo social. Las cuerdas y el mástil que lo sujetan y la cera que impide a los marineros oír los cantos de las sirenas simbolizan las normas constitucionales que fuerzan a todos los individuos a empujar la nave en la misma dirección.

La garantía absoluta de la eficacia de la regla constitucional se consigue cuando la constitución es aprobada por unanimidad. En el contexto de la Economía Constitucional, los costes externos son vistos como una consecuencia de la falta de unanimidad. Las externalidades se producen cuando las reglas del juego permiten que unos individuos obtengan beneficios haciendo recaer los costes de su actividad sobre otros. Esas reglas de juego serán rechazadas por los perjudicados. Sólo las reglas adoptadas por consenso unánime garantizan que no se impondrán costes a unos individuos en beneficio de otros.

Pero la adopción de decisiones tiene unos costes de transacción que serán mayores cuanto mayor sea el número de individuos involucrados. Cuanto más nos acerquemos a la unanimidad mayor será el coste de decisión y menores serán los costes externos. El cálculo del consenso tiene que minimizar la suma de ambos tipos de costes.

En cualquier caso siempre será posible la existencia de buscadores de rentas. Se utiliza la expresión "buscadores de rentas" para referirnos a los grupos de interés que tratan de influir sobre las decisiones políticas para que las reglas se elaboren e interpreten en su propio beneficio. El concepto es aplicable a todos los políticos profesionales. Gordon Tullock ha demostrado que en cualquier sistema que permita la adopción de decisiones mediante mayorías no unánimes será posible y habrá una tendencia a que, mediante intercambio de votos, se alcancen coaliciones de grupos de interés mayoritarias que consigan aprobar los proyectos que les benefician aunque los costes totales sean mayores que los beneficios totales resultantes. Los costes generados por este tipo de actividades han sido bautizados como "costes de buscarentas" o "costes de Tullock".

La corriente "Economía Política Constitucional" dispone de una revista que actúa como su plataforma:  Constitutional Political Economy es accesible en http://www.kluweronline.com/issn/1043-4062/

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