Resumen:
La duración e intensidad de la crisis económica iniciada con la implosión del mercado hipotecario en 2007, ha conducido a tasas de desempleo históricamente altas y niveles de protección social propios de 1995, debido a la caída tanto de la tasa de cobertura (proporción de desempleados con acceso a alguna prestación) como del importe de las prestaciones. Las perspectivas sobre la economía española indican que en 2012 continuará el deterioro de las prestaciones a los desempleados, lo que podría provocar el aumento de situaciones extremas como desahucios y pobreza severa. La tasa de cobertura de los desempleados podría situarse en el 47% frente al 53% actual, y el valor esperado de la renta a percibir por aquellos descenderá en 99 euros mensuales.

JEL Classification: H24, J32.

1.- Introducción.

La intensidad y duración de la actual crisis económica está poniendo a prueba en España el sistema de protección social. La actual crisis económica, que comenzó a gestarse con la “burbuja inmobiliaria” de finales de los años 90, ha dado lugar a niveles históricos de desempleo en España tanto en valores absolutos como en valores relativos. Como puede comprobarse en el Gráfico 1, construido a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral (INE), en comparación con la anterior crisis (años 1992 – 1993) la actual es mucho más intensa y duradera, al haber confluido con una crisis más global: frente a la reducción del PIB que tuvo lugar entonces (-1% en 1993, cuatro trimestres de crecimiento negativo), a día de hoy hemos registrado una caída del -3´7% en 2009 y otro -0´1% en 2010 (seis trimestres de crecimiento negativo). Además los últimos datos del Banco de España indican que la coyuntura se degrada por momentos.

¿Cuál ha sido el comportamiento de nuestro sistema de protección a los desempleados?

El sistema de protección a los desempleados está integrado por diversas fuentes de renta que se pueden agrupar en dos familias: prestaciones contributivas y prestaciones no contributivas. Prestaciones contributivas son aquellas cuyo origen radica en el derecho adquirido por el trabajador por el hecho de haber cotizado a la Seguridad Social por el trabajo desempeñado. Por el contrario, las prestaciones no contributivas tienen un origen “solidario” o “asistencial”.

Este catálogo de prestaciones tiene dos características muy relevantes a efectos de nuestro estudio: su limitación temporal y su limitación cuantitativa.

Para evitar que tales prestaciones puedan suponer un desincentivo a la aceptación de ofertas de trabajo, tiene un carácter limitado en el tiempo, cumplido el cual la prestación se agota y el desempleado tiene que acogerse a una prestación de menor cuantía o simplemente queda en situación de desprotección. Así, la “prestación por desempleo” tiene una duración máxima de 24 meses que depende del tiempo de cotización acumulado por el desempleado, al cabo de los cuales puede acogerse, si reúne las condiciones objetivas, al “subsidio de desempleo” (máximo 21 meses). Actualmente la “prestación por desempleo” tiene una cuantía equivalente al 70% de la cuantía cotizada durante los 6 primeros meses de disfrute y del 60% en los restantes. En cualquier caso existe un límite mensual de hasta 1.397´83 €. Por su parte, el “subsidio de desempleo” tiene un importe de 426 € mensuales.

Lo anterior nos indica que el tiempo corre en contra del trabajador desempleado: el mero transcurso del tiempo le aboca a unos ingresos cada vez menores e incluso nulos, al pasar de las prestaciones contributivas a otras de menor cuantía (las no contributivas) e incluso a ninguna. Esta circunstancia es de especial relevancia en los momentos actuales: en 2007 comenzó la desaceleración de la economía española, han trascurrido ya 4 años y las previsiones indican que probablemente se prolongue durante varios años, con lo cual no enfrentamos a una situación de creciente desprotección social de los desempleados.

En el epígrafe 2 examinamos los indicadores cuantitativos de protección social y en el epígrafe 3 establecemos algunas previsiones para el futuro inmediato.

2.- La Tasa de Cobertura como Indicador de Protección Social.

La “Tasa de Cobertura” es el indicador oficial más habitualmente empleado para evaluar el nivel de protección de los trabajadores. Es elaborado mensualmente y divulgado a través del “Boletín Mensual de Estadísticas Laborales” del Ministerio de Trabajo. Su cálculo obedece a la siguiente expresión:

Los datos empleados en la expresión (1) proceden del sistema SISPE, dependiente del Sistema Público Estatal de Empleo (SEPE, antes INEM): esta herramienta informática permite integrar información procedente de los servicios autonómicos de empleo. En el numerador de la expresión (1) aparece el número total de beneficiarios de cada mes, sea cual sea el tipo de prestación recibida del catálogo existente. En el Gráfico 2 hemos representado los datos oficiales desde el año 2001 hasta la actualidad (datos mensuales). Como puede comprobarse, este indicador ha mostrado una tendencia creciente desde 2001 hasta enero de 2010 (80,87%), momento en que empieza a declinar marcadamente y a fecha de hoy se acerca a su media del periodo (65´78%).
Conviene hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, para su cálculo se compara el número de “beneficiarios” con el número de “desempleados registrados”. De ahí deviene su primera deficiencia como indicador de protección social: no tiene en cuanta toda la población susceptible de ser protegida sino solo aquella que reúne los requisitos jurídicos para ello. Concretamente excluye a la población desempleada sin empleo anterior ya que no puede haber cotizado (estudiantes o amas de casa que se incorporan al mercado de trabajo), así como a los desempleados no registrados como demandantes de empleo en el SEPE. Como es sabido, el desempleo registrado es un indicador sesgado a la baja del verdadero volumen de desempleo, que se mide mediante la EPA. Numerosos trabajadores desempleados desisten sistemáticamente de registrarse en el SEPE como demandantes de empleo o, una vez inscritos, no realizan los trámites necesarios para continuar registrados. Este fenómeno se acentúa en los periodos críticos tal y como se aprecia en el Gráfico 3 (datos medios trimestrales): a partir de 2008 hay una brecha creciente entre ambas categorías de desempleados. Actualmente los datos de la EPA indican la existencia de 4.978.300 desempleados, mientras que el SEPE arroja un total de 4.226.700 (datos a septiembre de 2011), un 15´1% menos. Por tanto la tasa de cobertura así calculada no nos indica qué porción del total de desempleados está protegido con algún tipo de prestación, sino qué porción de los desempleados registrados.
Y por esta razón hemos realizado un cálculo alternativo que responde a la expresión (2) y que hemos denominado “Tasa de Cobertura EPA”:

En la expresión anterior el denominador contiene todos los desempleados existentes según la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada trimestralmente por el INE mediante procedimiento de encuesta. Hemos corregido así la tasa de cobertura al considerar que toda la población susceptible de protección social está compuesta por todos los desempleados. Los datos se ofrecen en el Cuadro 1. En el Gráfico 4 comparamos la evolución de la “Tasa de Cobertura” oficial (SEPE) y la “Tasa de Cobertura EPA”. Puede apreciarse que contrariamente a la medición oficial, la caída en el porcentaje de desempleados protegidos comienza poco después del inicio de la crisis económica: en el tercer trimestre de 2007 alcanza un máximo de 79´9% y desde entonces (salvo un paréntesis en 2009) ha decrecido hasta llegar al 57´8% actual, el valor mínimo de todo el periodo considerado. En lo que va de año 2011 la tasa de cobertura oficial indica una protección media del 71´3% mientras que nuestras cálculos indican tan sólo un 57´8%.
Un segundo defecto de la tasa de cobertura es que no nos informa de la “intensidad” con la que se protege económicamente al trabajador desempleado: la misma tasa de cobertura puede dar lugar en dos momentos del tiempo a prestaciones cuantitativamente muy diferentes. Ha de tenerse en cuenta que, según se ha comentado antes, la regla general del sistema español de prestaciones supone que la cuantía percibida por el desempleado se reduce progresivamente conforme pasa el tiempo llegando, por supuesto a agotarse. Además, las prestaciones de naturaleza contributiva son de cuantía superior que las no contributivas o asistenciales: si la situación de desempleo se alarga en el tiempo el trabajador percibirá prestaciones cada vez menores e incluso cero. Tal y como está construida, la “Tasa de Cobertura” no nos proporciona información alguna al respecto y puede generar la apariencia de un elevado e incluso creciente nivel de cobertura cuando en realidad puede estar produciéndose una empobrecimiento de la población desempleada. En el Cuadro 2 y en el Gráfico 5 podemos comprobar la evolución media del importe de las prestaciones (contributivas + no contributivas) percibidas mensualmente por los beneficiarios, tanto en términos nominales como en términos reales (según precios de 1995). Hasta 2009 tales prestaciones se incrementaron tanto en términos nominales como en términos reales debido a dos factores: la evolución pro – cíclica de los salarios nominales y reales (alimentados por la fase expansiva del ciclo), lo que se tradujo en bases reguladoras y cotizaciones crecientes a la Seguridad Social; y la creciente proporción de beneficiarios de prestaciones contributivas, puesto que se trataba de desempleados que procedían de puestos de trabajo remunerados. Como se aprecia en el Cuadro 3 las prestaciones no contributivas descendieron en proporción al total conforme avanzaba el ciclo expansivo iniciado en 1999 con el “boom inmobiliario” hasta llegar a un mínimo de 39´3% en 2009. A partir de ese año, debido a la prolongación de la crisis iniciada en 2007, los desempleados agotan las prestaciones no contributivas mientras se suman nuevos desempleados que no han conseguido un primer empleo o al menos no de la duración suficiente1. Las prestaciones no contributivas crecen rápidamente y en septiembre de 2011 suponen ya más de la mitad (53´2%) del total. Nos encaminamos pues a una situación de menor protección de los desempleados: cada vez menos desempleados son beneficiarios de prestaciones y estos, a su vez, cada vez perciben un importe medio menor tanto en términos reales como en términos nominales. De hecho en términos reales la prestación media es actualmente de 574 € mensuales frente a los 577 € del año 1995.
La situación es aún más grave de lo expuesto en los párrafos precedentes. Téngase en cuenta que no todos los “desempleados” logran ser “beneficiarios” de prestaciones. Por tanto cabe preguntarse cuál es la renta esperada por una persona que incurre en una situación de desempleo: ello depende tanto de la probabilidad de ser beneficiario siendo desempleado (Pr[beneficiario])2, como del importe medio de la prestación al que hemos aludido antes.

Los datos de nuestra estimación se ofrecen en el Cuadro 4 y en el Gráfico 7. Como puede apreciarse, a partir de 2007 se produce una acusada reducción del valor esperado de las prestaciones a los desempleados llegando a los 511 € mensuales en septiembre de 2011. En términos reales, dicho valor se sitúa actualmente en 332 € mensuales, es decir, a niveles de 2001. Esta reducción se explica tanto por una caída de la probabilidad de acceder a una prestación, como a una reducción (tanto nominal como real) del importe de las mismas.

3.- Perspectivas.

Dado que la reducción en la protección social a los desempleados que se produce a partir de 2007 obedece tanto a la evolución de la probabilidad se ser beneficiario como al importe medio de las prestaciones, la evolución futura de estos factores es crucial para estimar el horizonte al que nos enfrentamos. De hecho hoy por hoy la creciente desprotección social de los desempleados se ha traducido en fenómenos alarmantes que eran poco habituales en la sociedad española: los desahucios de viviendas y la asistencia masiva a instituciones de caridad.

Efectivamente, al contrario de lo que sucediera en la anterior crisis económica (1992 – 1993) hoy las familias se enfrentan a un elevado nivel de endeudamiento que triplica el de aquella época: es la herencia de la burbuja inmobiliaria (1999 – 2007), que obligó a las familias a contratar préstamos hipotecarios cada vez más cuantiosos para comprar viviendas de igual (o incluso menor) tamaño y calidad que en el pasado. La consecuencia es que numerosos desempleados son incapaces de hacer frente a las mensualidades de sus hipotecas, por lo que se estima que entre 150.000 y 200.000 familias son desahuciadas de sus viviendas anualmente3.

Paralelamente las situaciones de miseria se están extremando: según el Informe FOESSA, una institución ligada a Cáritas que estudia la evolución de la pobreza en España, actualmente 1´7 millones de ciudadanos viven en situación de “pobreza severa”, lo que les obliga a acudir cotidianamente a instituciones de asistencia social o a la familia para subsistir.

¿Cuáles son las perspectivas para el futuro inmediato?

Para responder a este interrogante partiremos del supuesto básico de que no van a producirse modificaciones legislativas que cambien el marco legal de acceso a las prestaciones ni su cuantía. Este supuesto incorpora bastante incertidumbre dado que las recientes elecciones generales han producido un cambio muy significativo del mapa político y es posible que se produzca una reforma laboral restrictiva de derechos sociales.

Otro supuesto básico es que la tasa de desempleo se mantendrá en 2011 en los mismos niveles que en 2012. Parece un supuesto bastante razonable teniendo en cuenta que las principales instituciones financieras y estadísticas están actualizando a la baja las previsiones macroeconómicas de la economía española y de la eurozona.

Con los datos disponibles hemos realizado unas estimaciones econométricas (ver Anexo) acerca del comportamiento de la tasa de cobertura y del importe medio de las prestaciones para 2012 que a continuación comentamos.

La tasa de cobertura se ha estimado a partir de su propio valor retardado, de la ratio de desempleados de larga duración (más de 2 años en el paro) sobre el total de desempleados, del incremento de la tasa de paro y de la evolución del PIB real (con un retardo)4. La estimación del modelo puede verse en el Cuadro 6 del Anexo. Ha sido necesario estimar el valor del paro de larga duración para 2012 por lo que se ha utilizado un modelo que incluye la propia variable retardada y la tasa de paro también retardada (véase Cuadro 7 del Anexo). De acuerdo con estas estimaciones, la tasa de cobertura (media) de 2012 se situaría en torno al 47´35%, frente al 57´82% actual (10´5 puntos menos).

Respecto al importe medio de la prestación obtenida por los beneficiarios, en el Cuadro 8 del Anexo estimamos un modelo que en el que se utilizan como variables explicativas el PIB nominal per cápita, el incremento en la tasa de paro, y la tasa de paro de larga duración. Según estas estimaciones, el importe medio pasaría de los 875 euros actuales a 859 euros (16 euros mensuales menos).

Los resultados de las estimaciones para 2012 y su comparación con la media de 2011 (de enero a septiembre) se ofrece en el Cuadro 5. Puede comprobarse que la acción conjunta de la reducción en la tasa de cobertura y en el importe medio de las prestaciones reducirá en 99´5 € mensuales el valor esperado de las prestaciones de cada parado.
En nuestra opinión, la realidad en 2012 puede ser aún peor de lo que indican las estimaciones contenidas en el Cuadro 5. Téngase en cuenta que los datos empleados en las estimaciones econométricas son medias anuales y, a nivel trimestral, los datos disponibles para tercer trimestre de 2011 indican una aceleración del deterioro de las prestaciones.