"Contribuciones a la Economía" es una revista académica con el
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas
ISSN 1696-8360

 

CONFIANZA, REFORMAS Y CRISIS ECONÓMICA

José Francisco Bellod Redondo
España
bellodredondo@yahoo.com 
 

ABSTRACT: en este artículo examinamos la política económica puesta en práctica en España frente a la actual crisis económica . Actualmente la política fiscal y la política monetaria responden a una lógica neoliberal que deja en manos de las reformas toda posibilidad de recuperación económica. Tanto la política presupuestaria implementada por las Administraciones Públicas como la política monetaria del BCE tienen un carácter procíclico y retrasan deliberadamente una rápida salida de la crisis. De ese modo el prolongado e intenso desempleo es utilizado para promover reformas que debilitan la posición de los trabajadores en el mercado de trabajo.

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Bellod Redondo, J.F.: Confianza, reformas y crisis económica, en Contribuciones a la Economía, mayo 2011, en http://www.eumed.net/ce/2011a/ 

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1.- Introducción.

En el contexto de la actual crisis económica cobra especial interés la obra del eminente economista polaco Michal Kalecki , de cuyo fallecimiento acaban de cumplirse cuarenta años. Kalecki ha pasado a la historia del pensamiento económico como una referencia indispensable en las investigaciones acerca del ciclo económico. De todos es sabido que Michal Kalecki concibió el “principio de la demanda efectiva” antes de que el propio Keynes lo expusiera en su archiconocida “Teoría General” (1936). Por desgracia las primeras investigaciones de Kalecki se desarrollaron en Polonia (su país natal) y se editaron en polaco, razones ambas por las cuales tuvieron un impacto prácticamente nulo. Y si en 1936 Kalecki es un joven inmigrante polaco recién llegado a Gran Bretaña, Keynes era ya un intelectual consagrado, popularmente conocido por su participación en la negociación de la Paz de Versalles, de la que dio cuenta en “Las Consecuencias Económicas de la Paz” (1919).

Hay, sin embargo, una enorme discrepancia entre las percepciones kaleckiana y keynesiana en relación con las posibilidades de estabilizar la economía capitalista con pleno empleo; discrepancia que hoy tiene el interés especial al que antes nos referíamos. Keynes, un avispado analista, cree que habiendo encontrado el remedio para sortear el ciclo económico (la manipulación de la Demanda Agregada mediante el Gasto Público), sólo resta la labor de persuadir a los capitalistas de la necesidad de ponerlo en práctica: de lo contrario las crisis económicas traerán consigo inestabilidad política y social e incluso el advenimiento del bolchevismo, poniendo en peligro el modelo de sociedad británico. En interés propio, sostiene Keynes, los capitalistas deben aceptar un grado creciente de socialización de las inversiones. En síntesis, para Keynes resolver el desempleo es un problema de “persuasión”.

Por el contrario, Kalecki, en la tradición marxista, plantea la cuestión del pleno empleo en el marco de la lucha de clases: el desempleo es una herramienta de presión al servicio de los capitalistas porque deblita las posibilidades de confrontación – negociación de los trabajadores; por esta razón los capitalistas se negarán a implementar medidas presupuestarias a favor del pleno empleo salvo en circunstancias realmente excepcionales y transitorias. Los capitalistas sólo aceptarán el pleno empleo como mal menor en situaciones como los conflictos bélicos: la necesidad de ganar la guerra y los beneficios proporcionados por la industria armamentista bien justificarían el pleno empleo. Además, en situaciones de conflicto bélico los riesgos que entraña el pleno empleo (reivindicaciones salariales y políticas) están amortiguados por el riguroso control propagandístico y penal que se exige a los ciudadanos de un país en guerra.

Kalecki expuso esta teoría en 1943 en un artículo titulado “Aspectos Políticos del Pleno Empleo” .

Pero en una sociedad democrática la burguesía no puede limitarse a denostar el pleno empleo: ello no concitaría la necesaria adhesión política y electoral de las masas. Así que el pensamiento burgués ofrece su propia receta para la prosperidad: el fomento de la “confianza”.

En efecto, el papel del Estado en la economía, amén de las tradicionales funciones enumeradas por Adam Smith, debe limitarse a crear condiciones para que los “líderes industriales” tengan confianza y movilicen productivamente el capital del que disponen. Por supuesto ello implica una política de “finanzas sanas” (equilibrio presupuestario y reducida presión fiscal) así como renunciar a aquellas políticas que limitan o hacen peligrar el disfrute de la propiedad privada: restan confianza y destruyen la prosperidad. Como indica Kalecki (1943): “esto da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política gubernamental: todo lo que pueda perturbar el estado de confianza debe ser evitado cuidadosamente, porque provocaría una crisis económica”. Además, el desempleo es un arma “disciplinante” al servicio de la burguesía: el pleno empleo soliviantaría a los trabajadores en sus reivindicaciones salariales o políticas.

Las anteriores anotaciones sobre el pensamiento de Michal Kalecki son útiles para entender el actual curso de los acontecimientos. En particular para entender cómo se está enfocando la respuesta frente a la crisis económica que viven las economías occidentales y, muy especialmente, España y en la Unión Europea.

2.-. Nuestra crisis.

Nuestra crisis tiene un origen claramente especulativo . Fijar con claridad esa idea es fundamental porque un diagnóstico equivocado puede conducirnos a administrar al paciente el tratamiento erróneo, que no sólo retrasaría la recuperación económica sino que podría causar efectos económicos y sociales no deseados.

El elemento más característico de la crisis actual es el elevado endeudamiento de las familias españolas. En efecto, el milagroso crecimiento económico logrado entre 1998 y 2009 se hizo a costa de alimentar la Demanda Interna aprovechando el reducido endeudamiento inicial de las familias españolas. Una política de bajos tipos de interés para facilitar la transición de la peseta al euro, una relativa opacidad fiscal en las operaciones inmobiliarias y una considerable cantidad de dinero negro que aflorar antes de la desaparición de la peseta, provocaron un importante flujo de recursos al sector inmobiliario . El reducido de nivel de endeudamiento de partida facilitó una importante expansión crediticia, soporte sin el cual no hubiera tenido lugar la burbuja inmobiliaria.

Esto puede comprobarse en el Gráfico 1 y en el Cuadro 1: durante los aproximadamente 20 años que median entre 1980 y 1998, el nivel de endeudamiento de las familias en proporción al PIB permaneció reducido y estable entre el 25% – 35% del PIB. En 1998 se inicia la burbuja inmobiliaria, partiendo de un nivel de endeudamiento del 38´5% del PIB creciendo rápidamente hasta el 86% actual. ¡En tan solo 10 años el endeudamiento de las familias españolas creció en 50 puntos del PIB!

Ese fue el increíble e irrepetible milagro de la política económica del Sr. Aznar: crear las condiciones para que gastásemos en el casino inmobiliario el dinero prestado por los bancos. Milagro irrepetible, porque con el endeudamiento exorbitante al que se llegó desaparecieron las posibilidades de repetir una burbuja así durante años.

La crisis de las hipotecas subprima precipitó el fin de la burbuja en España, pero incluso de no haberse producido dicha crisis, la burbuja estaba abocada a estallar debido a los desequilibrios que se fueron acumulando en la economía española.

Los dos graves desequilibrios macroeconómicos generados por la burbuja fueron un galopante déficit exterior y la destrucción del ahorro familiar. En ambos casos se trata de desequilibrios análogos a los que se estaban produciendo en la economía estadounidense la cual, bajo durante el Gobierno del presidente Bush experimentó un proceso especulativo muy similar al español, espoleado por los bajos tipos de interés y las rebajas fiscales .

El creciente precio de la vivienda provocó que las familias tuvieran que contratar hipotecas de importe cada vez más elevado, tanto si se trataba de comprar viviendas por razón de uso como para especular. Esa deuda creciente, incluso con tipos de interés históricamente reducidos y estables, obligaba a destinar una parte creciente de la renta familiar a los gastos financieros. Simplemente se llegó a un nivel en que las entidades de crédito percibieron que los ingresos de las familias no eran suficientes para satisfacer tales deudas así que cada vez era más difícil encontrar familias solventes en el mercado: el flujo crediticio se ralentizó, la demanda de viviendas se contrajo y el desempleo se multiplicó en todos los sectores de la economía. Así son todas las burbujas: llevan en su seno la semilla de su propia destrucción.

Como se aprecia en el Gráfico 2 la capacidad de financiación de las familias era positiva al inicio de la burbuja inmobiliaria (+1´43% del PIB en año 2000) y se deterioró progresivamente hasta alcanzar un mínimo en 2007 (-2´37% del PIB).

Por su parte, el déficit exterior creciente apuntaba en la misma dirección: la expansión económica basada en la Demanda Interna hizo que se desatendiera la competitividad de la economía española. La participación de España en el euro tenía (y tiene) dos implicaciones críticas: de una parte el tipo de cambio fijo, que ha restado competitividad a la economía española; de otra parte, la participación en una zona monetaria común (la eurozona) creó la falsa sensación de invulnerabilidad financiera.

Ambos factores provocarían más temprano que tarde el colapso de flujo de créditos a las familias y una severa contracción de la demanda de vivienda. A partir de 2008 se produce un ajuste brusco: las familias retornan a tasas de capacidad de financiación históricamente altas (Gráfico 2), tasas que se logran mediante el ajuste del gasto en Consumo y la FBK. Esto provoca una severa depresión de la Demanda Interna que ha conducido a tasas de crecimiento del PIB negativas y a niveles de desempleo históricamente altos. De estas afirmaciones dan cuenta tanto el Cuadro 2 como el Cuadro 3. En ellos hemos computado, para los principales agentes económicos, la evolución interanual del gasto (consumo + inversión). Ya en 2008 se percibe una importante ralentización del gasto que en 2009 ya es negativo tanto en los Hogares como en las Sociedades No Financieras. Si tenemos en cuenta el peso que cada agente tiene en el gasto de la economía, podemos matizar la afirmación anterior: como se aprecia en el Cuadro 4, en el año 2009 los Hogares son el sector que más impacto negativo tiene en la contracción del gasto agregado (-4´4%); Hogares que, por cierto, habían sido el sector más dinámico del gasto en los años de la burbuja inmobiliaria como nos indica ese mismo cuadro.

La conclusión que queremos resaltar es sencilla pero muy relevante: no es posible una salida a la crisis si no se soluciona el problema del endeudamiento familiar. El nivel de endeudamiento impide a las familias acceder a nuevos créditos y eso ha provocado una contracción del consumo de bienes cuya adquisición se financia a medio y largo plazo (vivienda, automóviles, electrodomésticos…). Y desgraciadamente ninguna de las reformas acometidas por el Gobierno apunta en esa dirección: ni el endurecimiento del acceso a las pensiones públicas, ni el abaratamiento del despido, ni la reconversión de las Cajas de Ahorros contribuyen a ese objetivo.

El endeudamiento es tan grave que ha aparecido un fenómeno que en la historia reciente de la economía española era absolutamente marginal, carente de importancia. Nos referimos a las ejecuciones hipotecarias y desahucios de familias: la tasa de desempleo es tan elevada y persistente en el tiempo que numerosas familias se enfrentan al riesgo o lo han padecido ya) de perder sus viviendas por la incapacidad de pagar las hipotecas contratadas.

¿Cuál ha sido la respuesta oficial ante la crisis?

Ni la política fiscal ni la política monetaria han sido utilizadas para favorecer una rápida recuperación económica, antes bien han sido utilizadas deliberadamente por la clase dominante para postergar la recuperación hasta que la clase trabajadora hiciese concesiones que debilitasen su participación en la renta nacional y su poder de negociación frente al capital.

En los epígrafes siguientes examinamos con detalle el manejo de ambas políticas desde el inicio de la actual crisis.

3.- La Política Monetaria.

La incorporación de España al euro implicó la cesión de la soberanía monetaria al Banco Central Europeo (BCE), cuyo objetivo fundamental es preservar la estabilidad de precios. Por tanto, la economía española renunció a los mecanismos necesarios para implementar una política monetaria y cambiaria acorde a sus necesidades específicas: ha de confiar en que los beneficios derivados en la participación de una zona monetaria única (reducidos tipos de interés nominales, reducida inflación, fácil acceso a la financiación exterior…) compensen sobradamente estos inconvenientes.

Esa decidida apuesta por el euro se ha dejado sentir muy negativamente en la actual crisis ante la imposibilidad de activar una política monetaria expansiva o una devaluación del tipo de cambio que animasen la Demanda Agregada.

Desde un principio el diseño del BCE correspondía al modelo de no – intervención estatal anhelado por la burguesía: un banco central independiente que no solo actuaba al margen de las directrices gubernamentales sino que, de hecho, podría ejecutar una política monetaria contraria a los deseos de los gobiernos nacionales. Así, los ciudadanos pueden elegir en las urnas gobierno de izquierdas o un gobierno de derechas: la política monetaria de la eurozona será siempre neoliberal.

En esta coyuntura crítica se ha evidenciado con toda claridad la irracionalidad y el contraproducente sesgo ideológico con que opera el BCE: de hecho, la política monetaria del BCE tiene un sesgo contractivo y está retrasando la salida de la crisis. Para comprobarlo hemos registrado en el Gráfico 4 y en el Gráfico 5 información relativa a tipos de interés y liquidez proporcionados por el BCE.

En el Gráfico 4 se muestra el tipo de interés principal de las subastas del BCE, subastas en las que se inyecta liquidez a las entidades de crédito del eurosistema. Puede apreciarse en primer lugar la tardanza con la que la entidad responde a la crisis: desde inicios de 2007 se tienen noticias de entidades hipotecarias que se enfrentan a problemas de solvencia en EE.UU; en agosto de ese mismo año las Bolsas sufren espectaculares caídas ante la iliquidez de determinados fondos de inversión y sin embargo el BCE se limita a realizar operaciones transitorias de inyección de liquidez. De hecho continúa su política de subidas de tipos iniciada en 2006, política en la que no ceja hasta finales de 2008 (concretamente el 30 de diciembre), una vez que la quiebra de Lehman Brothers parecía dejar claro que la crisis de agosto de 2007 no era en modo alguno un episodio aislado. A partir de 30 de junio de 2009 (la crisis ya se ha instalado) el BCE baja su tipo básico al 1%, hasta el pasado 12 de abril de 2011 en que lo eleva al 1´25%, apuntando con ello a un cambio de orientación en el precio del dinero a pesar de que la crisis económica no ha remitido.

Salvo por la tardanza en responder a la crítica coyuntura, podría argüirse atendiendo a los datos del Gráfico 4 que la política monetaria ha tenido una clara orientación expansiva. Pero no ha sido así: el BCE ha practicado en estos años una política de dinero barato pero escaso, inyectando al sistema financiero cantidades de dinero cada vez menores y a plazos muy cortos. Esta afirmación choca con la idea popularmente extendida de que los tipos de interés son históricamente bajos. Es cierto, pero esa falsa apreciación se basa en el comportamiento de los medios de comunicación: se hacen eco permanentemente de la evolución de los tipos de interés, no de las cantidades de dinero inyectadas al sistema.

En el Gráfico 5 hemos registrado la evolución (en tasa interanual) de los préstamos netos del BCE a las entidades que forman parte del eurosistema. Como puede comprobarse en términos nominales la inyección se reduce desde finales de 2009 y sigue en términos negativos hasta hoy.

No podemos obviar otra característica esencial en el diseño del BCE: al constituirlo, los gobiernos fundadores fijaron en sus Estatutos (artículo 21) la prohibición de expresa de financiar los déficit nacionales mediante la adquisición de emisiones de deuda pública. Esta restricción vuelve impracticables la políticas keynesianas de gasto público financiado con dinero barato y obliga a los gobiernos a sucumbir a las condiciones que los especuladores quieran imponer en los mercados financieros internacionales, tal y como ocurre en estos momentos. La imposibilidad de financiarse con recurso al BCE obliga a los gobiernos más deficitarios (particularmente Irlanda, Portugal, España, Grecia…) a acudir a unos mercados que exigen tipos de interés desacostumbradamente elevados. Y no debemos olvidar que parte de estos déficit presupuestarios ha sido provocados por la necesidad de inyectar fondos públicos en bancos privados arrastrados por sus malas prácticas especulativas.

En síntesis, la actuación del BCE ha provocado que la oferta monetaria sea cada vez menor en la eurozona a pesar de la crisis económica reinante, tal y como se aprecia en el Gráfico 6.

4.- La Política Fiscal.

Con la política monetaria y cambiaria en manos del BCE, a las distintas Administraciones Públicas españolas solo les quedaba la política presupuestaria y la política regulatoria como mecanismos de respuesta frente a la crisis. Ya hemos adelantado que el Gobierno de la nación ha hecho suyo el discurso neoliberal: promover reformas para restaurar la confianza perdida, dejar en manos de los mercados la estabilización de la economía.

La realidad ha sido más grave que eso: los datos disponibles muestran que el Estado ha ejecutado una política fiscal muy contractiva. Como es sabido, una de las primeras consecuencias de la crisis fue la drástica reducción de los ingresos de naturaleza tributaria que tan abultadamente había afluido a las Administraciones Públicas durante la burbuja inmobiliaria. El cambio de ciclo se tradujo en déficit público a todos los niveles. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar: tras unos primeros titubeos keynesianos (Plan – E) se implementaron severos recortes del gasto público en la Administración Central y se limitó la contratación de deuda a Comunidades Autónomas y Entidades Locales, obligándoles así a seguir los pasos restrictivos de aquella .

A efectos macroeconómicos esto supuso imprimir al PIB un sesgo claramente contractivo. Contrariamente a lo que aconsejaba la experiencia histórica, el Gobierno optó por una política presupuestaria procíclica. La razón: el temor a que los mercados no financiasen el déficit público o lo hiciesen a tipos de interés exorbitantes como había sucedido en Grecia o Irlanda. De facto, el Gobierno español puso en práctica un plan de ajuste no oficial, esto es, medidas de recorte del gasto pero sin requerir expresamente préstamo alguno al FMI o al resto de socios de la Unión Europea. El Gobierno quería evitar el coste político de visualizar la supeditación del Estado a los mercados.

En el Cuadro 4, en el Gráfico 7 y en el Gráfico 8 hemos representado el Impulso Fiscal de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. Se trata de un indicador muy utilizado por el FMI para evaluar el carácter expansivo o contractivo de la política presupuestaria . Se ve con claridad que tanto en 2008 como en 2009 el Impulso Fiscal es muy negativo, y otro tanto se espera para 2010 y 2011.

Al prohibir de formar irracional que el BCE financie los déficits gubernamentales aún en situaciones tan extraordinarias como las actuales, se había pretendido disciplinar las finanzas públicas de los países de la eurozona. Pero los creadores del BCE no habían previsto (o no habían querido prever) que en ante una crisis estructural del capitalismo como la que vivimos, el déficit no es consecuencia de la indisciplina fiscal de los gobiernos, sino de la inevitable caída cíclica de los ingresos tributarios. Esto puso a los Gobiernos a los pies de los especuladores ya que, aparte del BCE, son los únicos agentes que disponen de liquidez suficiente.

Como era de esperar los mercados exigieron tipos de interés muy elevados. La respuesta ante la insolvencia de algunos Gobiernos (primero Grecia, después Irlanda y Portugal, quizá ahora España…) fue la improvisación de un fondo para respaldar a dichos gobiernos: el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera, creado el 11 de mayo de 2010 por el Consejo Europeo de Finanzas, que tiene carácter provisional, y ha sido incapaz de contener los ataques especulativos contar los países citados.

5.- Volviendo a Kalecki: Confianza Capitalista y Derechos Laborales.

Con una política monetaria y fiscal restrictivas sólo puede esperarse que la recuperación económica tarde más en llegar. Tales políticas deprimen la evolución del PIB y apuntalan el desempleo en cotas históricamente altas.

Según el discurso oficial las reformas tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, pero dicho objetivo podría lograrse implementando a nivel europeo una política expansiva coordinada. De forma tácita, se pretende reforzar el poder de las empresas en su relación con los trabajadores. El esquema de la política monetaria está pensado para que así sea: al hacer imposible las políticas expansivas obliga a los ciudadanos a aceptar una salida a la crisis compatible con las aspiraciones burguesas, esto es, a renunciar a derechos laborales con la esperanza de que ello restaure la lucratividad y la confianza capitalista y con ello se movilicen nuevamente recursos generadores de riqueza y empleo.

Tanto la reforma laboral como la del sistema de pensiones debilitan la posición negociadora de los trabajadores al acentuar el carácter “disciplinante” del desempleo. La reforma laboral ya efectuada reduce la indemnización por despido: este no sólo se vuelve más asequible para la empresa, deja en peor posición ante el mercado al trabajador despedido. La reforma de la negociación colectiva, aún pendiente de cerrar, pretende quebrar la solidaridad entre trabajadores al fraccionar la negociación empresa por empresa e incluso permitir el descuelgue empresarial del proceso de negociación colectiva. Por su parte, la reforma del sistema de pensiones, penaliza las situaciones de desempleo ya que cada año de inactividad reduce la probabilidad de acceder a una pensión al alargar el tiempo de cotización exigido .

Aunque las reformas ejecutadas por el Gobierno irán produciendo efectos a distintos plazos, lo cierto es que el esquema de manejo de la política económica en estos tiempos de crisis ha provocado ya un deterioro considerable de la calidad de vida de los trabajadores, al menos eso se desprende de diversos indicadores sociales que pasamos a examinar.

En primer lugar, la duración de la crisis ha provocado un aumento sustancial del desempleo de larga duración tanto en términos relativos como en términos absolutos. Como se aprecia en el Gráfico 9 y en el Gráfico 10 en sólo dos años la crisis ha pulverizado los supuestos logros de la burbuja inmobiliaria: actualmente la tasa de desempleo de larga duración es similar a la que teníamos a finales del año 2000 (45´8%). En términos absolutos la situación es aun más alarmante: casi hemos alcanzado el record histórico de septiembre de 1994 (2.137.000 personas).

Además de los efectos perversos que el desempleo de larga duración causa sobre la “empleabilidad” del trabajador, esta situación es muy costosa desde el punto de vista humano: conforme se alarga la situación de desempleo en el tiempo, se van reduciendo las diversas prestaciones que el desempleado puede percibir de instituciones públicas e incluso llega a agotarse la posibilidad de percepción. Aunque no disponemos de datos precisos, podemos comprobar de modo indirecto que los desempleados, por término medio están viendo reducidos los ingresos que mensualmente perciben del INEM.

En el Cuadro 5 y en el Gráfico 11 podemos comprobar que actualmente, de los 4.696.000 desempleados, 1.797.000 de personas no cobra ningún tipo de percepción. Esta situación se agravará en el futuro inmediato según se desprende de los datos del Gráfico 12: a pesar de que el desempleo registrado sigue creciendo a tasas positivas, el gasto en protección a los desempleados registra crecimientos negativos desde que comenzó 2011. En síntesis: menos dinero a repartir entre más desempleados.

Otra variable a tener en cuenta es la evolución experimentada en estos años de crisis por la “Ratio de Temporalidad”, esto es, la proporción de trabajadores asalariados que disponen de contrato temporal. Desde el comienzo de la crisis la tasa de temporalidad se ha reducido en 7 puntos hasta situarse en el 24´82%. Este comportamiento coincide con el proceso de destrucción de empleo por lo cual no es en sí un dato positivo. Más bien el contrario: nos indica que los contratos temporales han sido los primeros en extinguirse, por lo que la crisis ha pulverizado la teoría burguesa según la cual la flexibilidad laboral es buena para proteger el empleo en tiempos de crisis.

A todo lo anterior habría que sumar otro factor crítico de estrés al que se hace mención al inicio de este trabajo: la combinación de desempleo de larga duración y elevado endeudamiento familiar está provocando una elevada morosidad hipotecaria; numerosas familias corren riesgo severo de perder sus viviendas, viviendas que no es probable que recuperen cuando finalice la crisis. Según nuestras estimaciones, al menos 158.060 familias residentes en España estarían ya en esa situación .

Anexo I: El Impulso Fiscal.

El indicador de Impulso Fiscal del FMI se calcula a partir de una variable denominada Efecto Cíclico del Presupuesto , cuya expresión es:

[1.]

siendo el déficit público efectivo en el momento "t", los ingresos totales no financieros (capítulos 1 a 7) en proporción al PIB, e la renta observada y potencial en el momento "t" respectivamente. A partir de la expresión [1] calculamos el saldo cíclico neutral ( ) como:

[2.]

siendo el gasto total no financiero (capítulos 1 a 7) en proporción al PIB. La acción discrecional del presupuesto viene determinada por la diferencia entre el déficit público efectivo y el saldo cíclico neutral, siendo el Impulso Fiscal ( ):

[3.]

Cuando el Impulso fiscal sea positivo, nos informará de que la política fiscal ha sido más expansiva que en el ejercicio presupuestario precedente y viceversa. Para aplicar la expresión anterior, en primer lugar procede calcular el PIB potencial. Para ello aplicamos el filtro Hodrick – Prescott a la serie real de procedente de la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE y multiplicando el resultado obtenido por el deflactor del PIB a precios de mercado.

Los datos utilizados proceden de BADESPE y de la base de datos del Ministerio de Hacienda.

ANEXO II: Morosidad Hipotecaria y Desahucios.

No se conoce la cifra precisa de viviendas en riesgo inminente de embargo y desahucio. Hemos estimado, mediante extrapolación, el número de hogares que tiene una hipoteca en vigor. Para ello utilizamos los datos procedentes de la Memoria de la Agencia Tributaria. Los últimos datos se refieren al año 2007: hubo 6.634.947 declaraciones que solicitaron acogerse a deducción por inversión en vivienda. Teniendo en cuenta el número total de declaraciones y de hogares existentes ese año según EPA, habría 5.835.018 hogares con hipoteca en 2007. Para obtener la cifra más actualizada posible hemos sumado las nuevas hipotecas sobre viviendas constituidas en 2008 y 2009, y hemos restado las correspondientes hipotecas canceladas (datos INE). Teniendo en cuenta la actual tasa de morosidad hipotecaria según el Banco de España (2´44%), es obtiene una estimación de 158.060 hogares.

Bibliografía.

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